El domingo 14 de marzo de 1965 se realizaron comicios en 20 distritos de la Argentina, para elegir 99 diputados nacionales, autoridades municipales, e integrantes en las legislaturas provinciales. El peronismo concurrió bajo el nombre de Unión Popular y obtuvo 2.833.528 votos. La boleta oficialista (Unión Cívica Radical del Pueblo), 2.724.259. Si a los sufragios de la Unión Popular se les sumaban los logrados por los diferentes partidos provinciales “neoperonistas”, el peronismo en su conjunto alcanzaba el 37,8%. A diez años de su derrocamiento, continuaba siendo el partido mayoritario y pasó de tener 8 a 52 diputados nacionales. La revista Panorama Nº 27 observó: “El oficialismo contempla con pánico la posibilidad de un triunfo peronista en 1967 (se eligen gobernadores de provincia: esos comicios serán la antesala directa de las elecciones presidenciales de 1969. Además, nadie puede asegurar que la estabilidad institucional no peligre en caso de una derrota gubernativa)”.
El clima de insatisfacción crecía en la Argentina. En julio, en una de las habituales reuniones de los comandantes en jefe de las tres fuerzas armadas, el teniente general Juan Carlos Onganía, sorpresivamente, rompió su habitual mudez. Dijo que, así como la Iglesia luego del Concilio Vaticano II se aggiornó, a la Argentina le hacía falta un “aggiornamento nacional”. No se trataba de un golpe de Estado, aclaró, sino de una “gran revolución”, una modificación de la actitud mental del país. Y siguió: “Esa revolución debe hacerla el presidente, o de lo contrario es imprescindible que la lleven a cabo las fuerzas armadas”. Onganía se preguntó en voz alta: “¿Es capaz el presidente de hacer esa revolución?”. Y, con un tono de voz más bajo, dijo y se dijo: “Creo que no”.
A fines de julio el gobierno radical reincorpora a personal militar “derrotado” por los azules en los enfrentamientos de 1962 y 1963. Entre otros el coronel Luis Perlinger, que pasaría a la historia por el destrato que le infligió al presidente Arturo Illia la noche de su derrocamiento y a su supuesta relación con el PRT-ERP, según fuentes castrenses de la época (estuvo preso entre 1976 y 1983).
En julio de 1965, el coronel Manuel Laprida, destinado en la Secretaría de Guerra -un hombre cercano al gobierno que tenía buenas relaciones con los generales Onganía y Lanusse- escribió un informe para el Secretario de Guerra, general Ignacio Ávalos: Problema: ¿Qué es necesario hacer para preservar la continuidad institucional? El trabajo contenía un listado de problemas sobre los que había que prestar especial atención: a) El vigor electoral del peronismo y las elecciones de 1967; b) la influencia peronista en el sindicalismo y los excesos de éste; c) las deficiencias de la Administración Pública y su continua pérdida de prestigio; d) la falta de decisión en política exterior y la subordinación del gobierno a la política comiteril. También trataba sobre la relevancia de la figura de Juan Carlos Onganía. A fines de julio las relaciones entre Ávalos y Onganía se habían tornado insoportables.
A medio siglo de la escritura del siguiente Memorándum Confidencial queda claro que Juan Domingo Perón –siempre bien informado—sabía que el Ejército preparaba una hipótesis de reemplazo del gobierno constitucional. Si no estaba seguro, la letra del documento dice “de acuerdo a lo conversado”, por lo tanto un enviado lo puso al tanto de lo que se hablaba en el Tercer piso del Edificio Libertador. Como hemos observado, en la intimidad, Juan Carlos Onganía y algunos Altos Mandos analizaban la hipótesis de asunción de las responsabilidades del Poder Ejecutivo. Alguien lo consultó a Perón y desde Madrid envió su Memorándum con algunas ideas, en las que el peronismo y especialmente el gremialismo, su Columna Vertebral, debía jugar un papel primordial. El mensaje llegó y decía lo siguiente:
El número de octubre de la revista Panorama trae en la tapa la foto de una tortuga que se desliza sobre el mapa de la República Argentina: “Al cabo de dos años en el poder, la inocente tortuga creada por la malicia popular, simbolizaba para la opinión pública la imagen de la gestión seguida por el gobierno del Presidente Arturo Illia”. “Lentitud”, “Indecisión”, “Inmovilismo”, “Ineficiencia”, “Vacío de autoridad”, eran palabras, conceptos, que repiqueteaban hasta el cansancio por la mayoría de las redacciones.
El 22 de noviembre de 1965, Juan Carlos Onganía decidió solicitar su pase a situación de retiro y, en su lugar, fue nombrado el teniente general Pascual Pistarini, un oficial cercano a su predecesor, hijo de otro general que había sido ministro de Obras Públicas del general Juan Domingo Perón. Dentro de una desarrollada crónica sobre la nueva jefatura del teniente general Pistarini, el semanario Primera Plana del 14 de diciembre de 1965 les decía a sus lectores que los días del nuevo comandante del Ejército no serían plácidos:
“El momento clave será la segunda mitad del año próximo, cuando sea más visible el deterioro económico y haya una perspectiva menos confusa y enigmática sobre el panorama comicial. Un 65 por ciento de los jefes militares entienden que debe propinarse un golpe preventivo… Creen, en realidad, que el peronismo ganará esa consulta y tendrá en sus manos las provincias “grandes”.
Lector de los clásicos, profesor de Historia Militar en la Escuela Superior de Guerra y con una envidiable información de lo que sucedía en la Argentina, el ex presidente Juan Domingo Perón, parafraseando a Hamlet y su “algo está podrido en Dinamarca”, el 22 de diciembre le escribió desde Puerta de Hierro al abogado cordobés Teodoro Funes: “Yo creo que los días de decisión se acercan rápidamente. Para esos días es que debemos estar preparados y la mejor preparación se llama unión y solidaridad justicialista”.
En el archivo de Juan Domingo Perón encontré una suerte de cuadernillo de varias páginas, todas unidas por broches en su margen izquierdo. Son memorándums escritos por él como resultado de consultas de aquellos días, sobre cómo terminar con el estado de cosas. No se sugiere nada, aunque se habla claramente del próximo golpe militar:
El cuadernillo se cierra con un largo Memorándum de 8 carillas, con fecha Octubre de 1965, en el que trata más ampliamente la triste situación argentina, advirtiendo que “no pongo ni acepto condiciones para mí retorno al país”. Aclara que su colaboración se debe que la Argentina marcha peligrosamente hacia el abismo como consecuencia de estos diez años sin gobierno. Expone crudamente, en la irreversible letra de un Memorándum, la necesidad previa de pacificar a la población argentina en latente estado de lucha enconada, producida desde 1955 y provocada por la intemperancia. Lo hace un lustro antes de que su Movimiento se vea infectado por la penetración castrista, aunque también advierte sobre el negativo papel de Washington en la Argentina y el continente. En la lista de los males que azotan la Argentina, Perón sostiene que “se suma hoy uno no menos peligroso: el comunismo” y les imputa a los militares “el libre acceso que se ha dado a los verdaderos dirigentes embozados del comunismo a las funciones públicas, especialmente a las universidades, en las que han actuado desde 1955 los principales agentes argentinos del comunismo internacional. Al combatir la doctrina peronista se ha dado un impulso inusitado al comunismo en el país.”
Como bien se observa en el documento, mecanografiado y corregido a mano por Perón, está escrito en octubre de 1965 y la violenta década del 70 estaba a la vuelta de la esquina. Está fechado el mismo mes en que Isabel vino como Delegada y se quedó más de medio año. Me permito preguntar: ¿Trajo Isabel el Memorándum? ¿Quién lo pidió y a quién se lo entregó?
El jueves 23 de junio, en su edición Nº 34, el semanario Confirmado (director: Juan José Güiraldes; subdirector: Félix Garzón Maceda; editor: Jacobo Timerman; jefe de redacción: Horacio Verbitsky) realizó, con inusual certeza, periodismo de anticipación:
“El viernes 1º de julio (1966), a las 8 de la mañana, Buenos Aires reiteraba su imagen de todos los días… A las 11, los comunicados fueron reemplazados por una proclama: Frente a la ineficacia de un gobierno que, luego de estancar el país, lo había llevado a la más grave crisis económica y financiera de su historia, promoviendo el caos social y quebrando la solidaridad nacional, las fuerzas armadas se habían hecho cargo del poder para asegurar la existencia misma de la Nación. Finalmente, a las dos de la tarde, se informaba escuetamente que un prestigioso jefe, retirado desde hace unos meses del servicio activo, había sido invitado por las autoridades militares a ocupar la jefatura del Estado. Los hechos, en realidad, podrán tener algunas variantes de detalle, pero una historia similar a ésa puede cortar en dos a 1966”. El semanario erró por tres días. Como veremos, Arturo Illia fue derrocado el 28 de junio de 1966.
Los diarios de esos días informaban que el costo de vida había aumentado un 7,2% y que en el mismo mes del año anterior había sido de 8,7%. También se comentaba la “excepcional cosecha de trigo” del período 1964/1965. Dio 9.150.000 toneladas, sólo superada por las de 1929/29 (9.499.718) y 1938/39 (10.318.860 toneladas). En esta ocasión fue tercera pero con menos de 3 millones de hectáreas sembradas. A principios de enero de 1966 se dio a conocer la Circular 205 del Banco Central de la República Argentina que limitaba a 400 dólares las disponibilidades de cada ciudadano para cubrir sus gastos de viaje a países no limítrofes y de 200 dólares a menores de 18 años.
La caída del gobierno de Arturo Illia fue uno de los actos más inevitables de la historia argentina. Sí, inevitable, porque fueron contados con los dedos de una sola mano aquellos argentinos que rechazaron la idea de que se derrocara a otro gobierno semi-constitucional por la proscripción del peronismo. De alguna manera, los referentes más importantes de la dirigencia argentina lo aceptaron. Y, es bueno reconocerlo, a Illia le faltó potestad, templanza y muñeca para impedirlo. El gobierno radical, que había asumido con el respaldo del 25% del electorado, pese a sus buenos deseos -y la proscripción electoral del peronismo-, nunca pudo hacer pie. Como bien observaría Roberto Roth -quien llegaría a ser Secretario Legal y Técnico de Onganía- ”el Gobierno (de Illia) vivía en un mundo y el país en otro”.
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