Juan Ingalinella, médico y dirigente reconocido del Partido Comunista, fue detenido el 17 de junio de 1955. El día anterior la aviación había bombardeado Plaza de Mayo y como consecuencia de ello habían muerto más de trescientas personas. El Partido Comunista fue ajeno a esa masacre, pero por su condición de partido opositor y de izquierda, sus militantes más reconocidos sospechaban que la policía iba a tomar represalias contra ellos. Esa noche Ingalinella no durmió en su casa, pero al otro día volvió a su consultorio. Fue un error, un error fatal. Más o menos a las 6 de la tarde del 17 una brigada policial se hizo presente en su domicilio de Saavedra 667 y lo detuvo sin darle demasiadas explicaciones sobre los motivos. Nunca las daban.
Su mujer, Rosa Trumper, habituada a las detenciones de su marido, preparó ropa y un termo con café y se fue a la Jefatura donde supuestamente estaba detenido. Allí le dijeron que no le podían recibir el paquete porque estaba fuera de horario. A la mañana siguiente la mujer regresa y le dicen que su marido había recuperado la libertad. Rosa Trumper nunca más vio a su marido con vida. Ni ella ni su hija, Ana María. Por su parte el cadáver del infortunado médico jamás apareció. Ese dato trágico le otorga a Ingalinella la condición de primer desaparecido de un país que años más tarde transformará esta conducta en un sistema de extermino a los disidentes.
La detención de Ingalinella se produjo tres meses antes del golpe de Estado que habrá de derrocar a Perón. Algunos observadores aseguran que el escándalo que provocó el crimen precipitó el golpe de Estado. Creo que es una exageración, pero es verdad que lo sucedido adquirió gran notoriedad. Ingalinella era un médico prestigiado y querido en Rosario. Su militancia comunista se expresaba en una serie de testimonios sociales, uno de de los cuales se manifestaba en su propio consultorio abierto a los pobres. Al momento de ser asesinado tenía 43 años y una larga trayectoria militante en el comunismo. Como dirigente estudiantil había sido uno de los principales líderes de esa célebre agrupación de izquierda llamada Insurrexit. Quienes lo conocieron lo recuerdan como un hombre solidario, valiente y generoso. Ingalinella murió convencido de que el comunismo encarnaba los ideales más altos de la humanidad. Se pueden o no compartir sus convicciones, lo que no se puede poner en discusión fue la sinceridad de su entrega.
La razzia policial de esa tarde de junio incluyó, además, a los dirigentes comunistas Guillermo Kehoe y Alberto Jaime. Kehoe y Jaime recuperaron la libertad luego de haber sido picaneados. Fueron ellos los que dieron la noticia que Ingalinella había muerto en la sala de torturas. Según pudo saberse después, la policía quería conocer la dirección de una imprenta donde los comunistas imprimían los volantes que se repartían en la calle.
El operativo policial estuvo a cargo del comisario Francisco Lozón, célebre por su afición a las torturas. Sádico y enfermo, mientras lo torturaba a Kehoe le recordaba que habían cursado la escuela primaria en el Colegio Sagrado Corazón de Jesús. Cuando los torturadores se sienten en el banquillo de los acusados, sus abogados defensores dirán que se trató de un homicidio culposo porque la intención de los policías no fue matar sino obtener información. ¡Exquisita sutileza jurídica! La picana eléctrica, esa invención infame del hijo de Leopoldo Lugones, luego adoptada por la policía brava de los conservadores de los años treinta y la policía del régimen que funcionó entre 1945 y 1955, no tenía como objeto la muerte sino la obtención de información. Según los argumentos de la defensa lo sucedido fue un accidente. Los “pobres torturadores” no sabían que Ingalinella padecía una deficiencia cardíaca. Por esa línea de razonamiento debía deducirse que el responsable de la muerte de Ingalinella era el propio Ingalinella. No se puede ser comunista y tener el corazón débil, sería la moraleja. Sobre todo cuando para la policía de aquellos años el recurso de la picana era tan habitual como tomar una impresión digital o pedir un cambio de domicilio.
El episodio adquirió estado público y todo el arco opositor, a derecha e izquierda, manifestó su solidaridad con el dirigente comunista desaparecido. El cardenal Caggiano y el Premio Nobel, Bernardo Houssay, pidieron por la vida del dirigente comunista. La movilización por la aparición con vida de Ingalinella fue amplia y masiva. En las principales ciudades de la Argentina se realizaron actos pidiendo por su libertad y reclamando la verdad. Estudiantes, trabajadores, entidades gremiales, dirigentes políticos se sumaron al reclamo. La respuesta de la policía y el gobierno nacional al principio fue infame. Dijeron que se trataba de una maniobra propagandística de los comunistas. Después aseguraron que Ingalinella estaba con vida y que los comunistas lo tenían escondido. Se habló de que se había refugiado en Brasil. No vacilaron en falsificar su firma para probar que la policía lo había dejado en libertad. Como se podrá apreciar, los tiempos cambian, pero las mañas de los verdugos siguen siendo las mismas.
Cuando la presión social se hizo insostenible las autoridades de la provincia decidieron intervenir. El contexto nacional favorecía una respuesta política. En esos días Perón había anunciado una tregua y como señal de buena voluntad Arturo Frondizi había hablado por primera vez por la radio. El interventor político de la provincia, Ricardo Anzorena, ordenó la detención del jefe y subjefe de Investigaciones de Rosario, mientras que el jefe de Policía de esa ciudad, Emilio Vicente Gazcón era reemplazado por Eduardo Legarreta.
Los policías que participaron del operativo, Félix Monzón, Santos Barrera, Francisco Lozón, entre otros, fueron exonerados. El 3 de agosto, es decir, dos semanas después de la detención de Ingalinella, la Corte Suprema de Justicia resuelve que los policías deben ser juzgados en tribunales ordinarios. La decisión es trascendente porque los caballeros reclamaban ser juzgados por un fuero especial. Lo que la Corte dice es que ese fuero especial existe, pero a ellos no les corresponde porque han sido exonerados.
Las peripecias de la investigación para dar con el cadáver de Ingalinella, reiteran todos los pasos macabros que los argentinos vamos a conocer después. Los registros son adulterados, a los libros de actas les han arrancado las hojas. Nadie vio nada, nadie escuchó nada, nadie sabe nada. No obstante las investigaciones avanzan. Se sabe que Ingalinella murió en la tortura y que su cadáver fue enterrado cerca de la estación de trenes de Ibarlucea, una población vecina a Rosario. Las excavaciones que se hacen dan con un pedazo de tela del sobretodo que usaba Ingalinella. En el parte de la policía caminera de Pérez los asesinos también han dejado huellas: al libro de guardia le faltan cuarenta hojas.
Lo poco que se puede saber proviene de la información del policía Rogelio Luis Delfín Texié, que decide romper el pacto de silencio. Estos testimonios le permitirán seis años más tarde al juez Juan Antonio Vitullo calificar lo sucedido como homicidio agravado. La defensa apela y en 1963 la Sala II de la Cámara del Crimen de Rosario modifica la sentencia de homicidio agravado por homicidio simple. Francisco Lozón será condenado a veinte años: Luis Texié, Fortunato Desimone, Arturo Lleonart y Santos Barrera a quince años.
El martirio de Ingalinella evoca al del obrero tucumano, Aguirre y el del estudiante comunista Bravo, ambos secuestrados y picaneados por la policía peronista de entonces. Félix Luna recuerda que en las salas de torturas dirigidas por ese personaje siniestro que fue Cipriano Lombilla las víctimas levantaban la vista y se encontraban con el retrato de Perón que presidía la ceremonia. Rosa Trumper, la esposa de Ingalinella, fue una de las principales protagonistas de la gran movilización que se dio en todo el país reclamando por su marido. Comunista y dirigente docente, cuando se enteró que la esposa de Félix Monzón era vicedirectora de una escuela le escribió preguntándole si no creía que era una contradicción ser maestra y esposa de un torturador y asesino. Nunca obtuvo respuesta.
Guillermo Kehoe, el abogado que compartió la cárcel con Ingalinella continuó militando en el comunismo donde se destacó por la defensa de los presos políticos de entonces. En 1964, estaba por entrar a Tribunales cuando desde un auto un comando fascista lo asesinó en la calle. Se dijo que ese crimen fue la respuesta al célebre tiroteo ocurrido en el Sindicato de Cerveceros, pero eso ya es otra historia. Lo que sí es historia contemporánea, es la decisión del Concejo Deliberante de Rosario de declarlo a Ingalinella ciudadano ilustre y designar con su nombre a una de las plazas de la ciudad.
TEXTO EXTRAÍDO DEL SITIO: https://rogelioalaniz.com.ar/2016/07/08/juan-ingalinella-el-primer-desaparecido/
