En ocasión de jurarse la independencia del Perú, al leer la inscripción de la medalla conmemorativa que atribuía la gloria de ese hecho al esfuerzo del ejército, con olvido de la escuadra, Thomas Cochrane no pudo contener su disgusto y reclamó su inclusión. José de San Martín reconoció la omisión y pidió las disculpas del caso. Herido en su amor propio, el escocés no se dio por satisfecho y, desde entonces, se acentuaron los reclamos para pagar a sus marinos.
El conflicto con la Armada chilena se había agravado al llegar a las costas peruanas, cuando la flota llevaba veintidós meses lejos de Valparaíso. Desde entonces, los abastecimientos y los pagos se hacían en forma irregular, lo que se convirtió en una situación crítica a partir de 1821. Como vimos, el almirante recurrió a la requisa de barcos enemigos o sospechosos de serlo para abastecerse (cosa que no hacía con desagrado).
La moral de la marinería decayó. Corto de efectivo, Cochrane y sus agentes intentaron cobrar al gobierno del Perú el alquiler de las naves capturadas (Potrillo, Dolores y Águila) como transportes para la expedición libertadora. Exigieron en tal concepto $71.392, suma que el Protector consideró exagerada.
El almirante continuó actuando como una aduana flotante, cobrando a las naves inglesas y estadounidenses un canon del 18 % sobre su mercancía cuando pretendían acceder al puerto del Callao. Las protestas de las potencias extranjeras no se hicieron esperar, ya que eran doblemente embarazosas. Los límites impuestos eran altos, la capacidad de cobrar se extendía a varias millas de la costa peruana. Esta cobranza desvirtuaba el sentido del bloqueo: la idea era impedir el acceso de mercaderías y productos de primera necesidad para reducir al enemigo español alojado en el Callao.
Esta situación generó múltiples reclamos al gobierno de Chile. O’Higgins le escribió a San Martín: “No solo me he tenido que humillar ante el comandante en jefe británico por las estupideces de este hombre, sino que más de una vez le he escrito solicitando moderación”. Todos sabían que pedir moderación a Cochrane era una ardua tarea. El mismo Paroissien, que mantenía una excelente relación con él, sostenía que cuando debía hablar de dinero con el Lord Metálico se necesitaba la paciencia de un ángel…
A instancias de Monteagudo, se dispuso que todos los españoles solteros fueran expulsados de Lima con la excusa de evitar una contrarrevolución. A todos ellos, les fue confiscada la mitad de sus propiedades. El almirante, siempre atento a incrementar los ingresos de la escuadra, le impuso a cada español una carga extra que oscilaba entre $2500 y $10.000 a fin de entregarles el pasaporte.
La situación se tornó insostenible cuando comenzó a correr el rumor de que San Martín había capturado un enorme tesoro en Lima y que le retaceaba dinero al Ejército y a la Marina.
Fue entonces cuando el escocés entró en tratativas con el enemigo. Hombre de muchos recursos y pocos escrúpulos, Cochrane le propuso al jefe realista del Callao, el capitán La Mar, que le entregase la fortaleza y la tercera parte de los caudales atesorados en ella, que ascendían a cinco millones, a cambio del libre paso de las tropas españolas allí acantonadas y poder extraer las dos terceras partes restantes del Tesoro. Así se lo hizo saber a O’Higgins en una nota: “En las murallas de los castillos del Callao hay 5 millones de pesos, de cuya suma ni el gobierno de Chile, ni la marinería reciben un real, aunque los esfuerzos de esta han impedido que se abastezca de víveres y acarrea al fin su rendición”. El almirante bien sabía que, de ser dueño del Callao, estaría en una mejor posición para negociar con el Protector.
La Mar se limitó a decir: “De eso no he hablado nada con San Martín”.
Para fines de julio, Cochrane le exigió al gobierno del Perú la suma de $420.000 (£80.000 aproximadamente) a fin de poner al día las cuentas con la Armada chilena (aunque nada decía del dinero recaudado en el mar del Perú que, al menos, debería haber figurado en sus pasivos y aligerado la suma exigida). En una carta, detallaba el origen de esta suma: bonos atrasados por la asistencia en la campaña, precio del Esmeralda y la captura de otras fragatas, además de los $160.000 por haber asistido en la rendición de Lima. Vale destacar que ese mes de julio vencían los contratos de los marinos enganchados.
La respuesta por escrito de San Martín no se hizo esperar.
Efectivamente, reconocía la deuda por la captura de Lima (y había dado la orden de juntar esa suma para concretar el pago) pero, de ninguna manera, iba a abonar los sueldos de los marinos de la escuadra. Desde su punto de vista, esa era responsabilidad del gobierno de Chile y estaban en el Perú, una nación independiente, por si el almirante no se había percatado de la situación. El Protector ya había dicho ante una comisión diplomática chilena que “el gobierno del Perú abonará estos gastos cuando el de Chile hiciese otro tanto con los oblados por las Provincias Unidas del Río de la Plata en la expedición que liberó al país en 1817”.
Esta respuesta no le cayó nada bien a O’Higgins ni a Cochrane. La paga a la Marina debería negociarse en Valparaíso, al igual que el precio del Esmeralda, en cuyo mástil flameaba la bandera de Chile.
Las diferencias habían llegado a un punto de ruptura. El intercambio epistolar se había agotado. Era menester tratar el tema cara a cara.
Texto extraído del libro El general y el almirante de Omar López Mato. Disponible en librerías y en OLMO EDICIONES.
