La feroz matanza de indígenas del Pueblo Pilagá conocida como Masacre de Rincón Bomba cumple su 73° aniversario. ¿Qué pasó en Formosa en 1947? ¿Por qué esta historia permaneció silenciada? ¿Cómo sigue el juicio que marcó un precedente histórico en la región?
El 10 de octubre de 1947, cientos de indígenas pilagá fueron asesinados en un paraje cercano a Las Lomitas, Formosa. No era ni la primera ni la última vez que la Gendarmería protagonizaba una represión indígena. Persiguieron, fusilaron, quemaron y desaparecieron.
¿Qué había pasado? Muchas familias se habían congregado en torno a Tonkiet, un hombre que “sanaba con su palabra”. Fueron quizá miles de personas que formaron un solo cuerpo colectivo, sagrado y espiritual. Y reactivaron la amenaza del “malón”: uno de los argumentos históricos que se esgrimieron para avanzar sobre los cuerpos y los territorios indígenas.
Intimaron a las familias a abandonar esa concentración religiosa. Pero los caciques, ancianas y ancianos allí reunidos no se dispersaron: estaban en su territorio ancestral y entendían que no significaban amenaza alguna.
En la tarde del 10 de octubre de 1947, la Gendarmería Nacional desplegó toda la ferocidad de la violencia represiva del Estado. La emboscada fue fatal: por un lado, un avión con ametralladora perseguía desde el aire; mientras que la cacería por tierra abarcó distancias de más de cien kilómetros y varios días de persecución.
Quienes lograron sobrevivir, fueron capturados por los gendarmes y muchos además fueron enviados a trabajar en “reducciones indígenas” en condiciones de semiesclavitud.
Formosa en ese tiempo era Territorio Nacional. Y los hechos ocurrieron bajo la Presidencia de Juan Domingo Perón. Un enorme arco de organizaciones y personalidades que suelen apoyar los reclamos de memoria, verdad y justicia no se han involucrado con esta causa.
Tras décadas de silenciamiento, Valeria Mapelman recupera la memoria oral de los sobrevivientes en el documental “Octubre Pilagá” y saca a la luz, entre otros, los delitos sexuales cometidos contra mujeres y niñas como política de tortura.
En 2005, la Federación de Comunidades Pilagá demandó al Estado. Pero el juicio estuvo largos años inmóvil y los ancianos y ancianas iban muriendo sin justicia. Hasta que en julio de este año el juez federal Fernando Carbajal sentenció que la masacre fue un crimen de lesa humanidad.
El fallo obliga al Estado Nacional a invertir en obras públicas, otorgar becas estudiantiles, conmemorar la masacre en las escuelas y construir un monumento, entre otras acciones. Es la primera vez que se reconoce una masacre indígena como crimen de lesa humanidad, por lo que está siendo estudiado por otros países de la región.
Ahora el proceso judicial está en el momento de las apelaciones y la Federación Pilagá lo más fuerte que objetará es que esta masacre no solo fue un crimen de lesa humanidad sino que se inscribe un proceso de genocidio indígena sobre el cual se constituyó este Estado Nación.
Aún hoy se sigue negando que sometió a la población originaria a campos de concentración, violaciones sistemáticas, reparto forzado, trabajo semiesclavo, separación familiar, expulsión de territorios, cambio de nombres, imposición de la religión católica y eliminación física.
Pero además, hay otro negacionismo: el que opera en la sociedad que no se conmueve con esta masacre, que no se moviliza para pedir justicia y que no tiene idea la soledad -salvo excepciones- con que la Federación Pilagá lleva adelante esta lucha.
Desconocer estas historias es también parte del legado de aquel genocidio constitutivo.
Acercarse, indagar, acompañar y difundir; formas de romper el cerco que impone el racismo estructural. Memoria, verdad y justicia para el Pueblo Pilagá.
