El 29 de abril se iniciaron en San Nicolás las reuniones de Urquiza con los gobernadores a fin de lograr la tan deseada unión nacional. Estas continuaron hasta que el 31 de mayo de 1852 todos los gobernadores presentes firmaron el acuerdo, que había sido redactado por Leiva a pedido de Urquiza. Se establecía la igualdad de las provincias determinando que cada una mandaría dos diputados al Congreso Constituyente que se reuniría en Santa Fe y que la Constitución se aceptaría por simple mayoría de votos. Urquiza, como encargado de las Relaciones Exteriores, proclamaría la Constitución aprobada, después de lo cual se elegiría al primer Presidente Constitucional de la República. Mientras tanto Urquiza sería Director Provisorio de la Confederación Argentina y todas las fuerzas provinciales pasarían a integrar el Ejército Nacional a las órdenes de Urquiza.
Aunque no se hablaba de capitalizar a Buenos Aires ni de nacionalizar su aduana, se determinaba que para los gastos “las Provincias concurrirán proporcionalmente con el producto de sus aduanas exteriores, hasta la instalación de las autoridades constitucionales, a quienes exclusivamente competirá el establecimiento permanente de los impuestos nacionales”.
La Legislatura de Buenos Aires, descontenta con el convenio, dio un voto de censura al gobernador y pidió explicaciones acerca de lo firmado al hijo de López que era el ministro. En la borrascosa sesión corrió peligro la vida de Vicente Fidel López. Su padre renunció al gobierno y la Legislatura nombró en su lugar al general Guillermo Pinto. Los liberales no podían aceptar que Buenos Aires hubiera sido puesta en un pie de igualdad con las otras provincias, que sus tropas y rentas de aduana pasaran en el futuro a ser nacionales y que todo fuera manejado por Urquiza. Este no gozaba de simpatías entre los liberales, que querían el poder para ellos, ni entre los federales porteños decepcionados porque consideraban una verdadera traición el que Urquiza se hubiera aliado con el Brasil, el Paraguay y Rivera para atacar al gobierno federal de su propio país.
Las tropas brasileñas y uruguayas habían vuelto a sus respectivos países y Urquiza tenía pocas fuerzas militares. A pesar de ello cerró la Legislatura porteña, encarcelando o desterrando a algunos de sus integrantes, y asumió el gobierno de la provincia. En agosto hizo elegir los dos diputados para Santa Fe, abolió la pena de muerte por causas políticas y anuló la confiscación de los bienes de Rosas dispuesta anteriormente a pedido de Alsina. Hizo esto último por recomendaciones de un Consejo de Estado que había nombrado para que lo asesorara y en el cual la mitad de sus miembros ya habían actuado en la Legislatura como representantes durante el largo gobierno de Rosas.
El 28 de agosto Urquiza creó nuevas aduanas en el Salado, Bahía Blanca, Rosario, Concepción del Uruguay y Corrientes. También se atrevió a afectar las rentas aduaneras de Buenos Aires, atentando así contra, el honor y al bolsillo de los liberales porteños.
Después de crear la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y firmar un decreto de amnistía para los desterrados, Urquiza se embarcó el 8 de setiembre, rumbo a Santa Fe, para preparar el Congreso que debía reunirse en esa ciudad. Quedaba como delegado suyo en Buenos Aires el general Miguel Galán, el cual carecía de apoyo militar suficiente para oponerse a los unitarios-liberales deseosos de recuperar el poder después de estar 20 años en el llano.
Revolución del 11 de setiembre de 1852
La revolución tuvo como causa el descontento provocado por la disolución de la Sala de representantes, ordenada por Urquiza el 23 de junio, la deportación de los legisladores opuestos al Acuerdo de San Nicolás, la clausura de los diarios y el que Urquiza asumiera el gobierno de la provincia. El movimiento revolucionario se produjo en la noche del 10 al 11 de setiembre. Las fuerzas de Buenos Aires, y las de Corrientes mandadas por Juan Madariaga, antes vencidos dos veces por Urquiza en Laguna Limpia y en Vences, derrocaron a Galán, el cual no contaba con fuerzas suficientes para sofocar la rebelión. La misma mañana del 11 de setiembre volvió a reunirse la Sala de Representantes que disolviera Urquiza en junio, y el 14 de setiembre aprobó la moción prepuesta por Vélez Sarsfield de no reconocer “como emanado de una autoridad nacional convocada e instalada debidamente” cualquier acto de los diputados reunidos en Santa Fe y ordenó que se retiraran de esa ciudad los diputados Salvador María del Carril y Eduardo Lahitte y demás empleados porteños del Congreso. Dos días después la Legislatura porteña aprobó otro proyecto de Vélez Sarsfield por el cual se ponía fin a la delegación de las relaciones exteriores que se había encargado a Urquiza. Quedaron así rotos, hasta 1860, los vínculos entre Buenos Aires y la Confederación. Según Juan Álvarez los porteños reprodujeron los argumentos de los ganaderos uruguayos de que más valía vivir dueños exclusivos de su puerto y separados del resto del país.
El general Manuel Guillermo Pinto, presidente de la Sala de Representantes, fue nombrado gobernador provisorio, y éste designó ministros de gobierno, hacienda y guerra a Valentín Alsina, Francisco de las Carreras y al general José María Pirán respectivamente. Para aumentar sus fuerzas el nuevo gobierno incorporó como “coroneles” a mazorqueros tan conocidos como Badía y Troncoso.
Al norte de Buenos Aires el general José María Flores y el coronel Ramón Bustos se plegaron a los revolucionarios. Al ver eso Urquiza, en vez de intentar someter a los rebeldes, resolvió regresar con sus tropas a Entre Ríos. Deprimido por los acontecimientos, pensó en crear una República Mesopotámica (siguiendo la predica ariguista y de Fructuoso Rivera) en el caso de que el resto del país se viera envuelto en una guerra civil.
Los porteños habrían de hacerle la vida muy difícil al Tata Justo y este resistencia unitaria en un país federal, terminó distorsionando las intenciones de Urquiza, vencía con el tiempo por el oro porteño.
