Diversos factores contribuyeron a que durante los años 1896 y 1897 la situación política hiciera crisis. El gobierno del Partido Colorado practicaba una política exclusivista caracterizada por el fraude electoral y el recorte a la participación del partido nacional a través de la reducción de las jefaturas departamentales controladas por este partido.
El gobierno del presidente Juan Idiarte Borda, electo el 21 de marzo de 1894 continuó y acentuó esta política. Al descontento político generado se sumó una crisis económica, originada por la disminución en los precios de la materia prima que exportaba el país: lana, cuero y tasajo. Estos factores provocaron que el Directorio del Partido Nacional resolviera en primer término no participar en las elecciones. En noviembre de 1896 el caudillo blanco Aparicio Saravia iniciará un movimiento revolucionario que, si bien tuvo una corta duración, no pudo ser completamente derrotado por el ejército profesional.
En marzo de 1897, con apoyo del Directorio blanco, Saravia inició una nueva revolución cuya principal reivindicación era el logro de garantías electorales y la participación de las minorías. La guerra afectó los departamentos del centro y del este del país y provocó la presión sobre el gobierno de las clases altas alarmadas ante la paralización de los negocios. La negativa del gobierno a entablar negociaciones de paz se modificó a causa del asesinato del presidente Borda el 25 de agosto d e1897 y su reemplazo por Juan Lindolfo Cuestas.
Cuestas inició negociaciones de paz que culminaron el 10 de setiembre con un acuerdo, llamado “Pacto de la Cruz”, firmado por los negociadores principales Pedro Etchegaray y José Pedro Ramírez. El 18 se realizó la firma solemne en Montevideo y al día siguiente fue refrendado por la Asamblea General. El día 25, se procedió al desarme de las tropas nacionalistas en la estación de La Cruz, departamento de Florida.
El pacto establecía la renuncia a la lucha armada, el compromiso del Poder Ejecutivo de impulsar una reforma electoral, el nombramiento de jefes políticos que ofrecieran garantías, amnistía para los combatientes y distribución de 200.000 pesos entre el ejército revolucionario, y la adopción de medidas por parte del gobierno, para hacer práctica el principio de igualdad entre los orientales para ejercer sus derechos cívicos. Verbalmente, se acordaba que el Poder Ejecutivo confiaría seis jefaturas departamentales a ciudadanos del Partido Nacional (Flores, San José, Rivera, Cerro Largo, Treinta y Tres, y Maldonado).
Políticamente la paz de 1897, señala el historiador Mena Segarra, “encierra una afirmación de la soberanía nacional y de nuestra capacidad para resolver los problemas domésticos sin intervención extranjera” (1). También impulsó un proceso de reforma del sistema electoral que se concretó en las leyes de Registro Cívico y la Ley de Elecciones de 1898. Estas consagraron el principio de representación de las minorías.
El sistema político que instauró el pacto también condujo a una regionalización política a causa de la gran autonomía que tenían los departamentos gobernados por el Partido Nacional. Sin embargo, el historiador Mena Segarra afirma que las oficinas dependientes de la administración central, como las referidas a la hacienda y la enseñanza así como la permanencia de contingentes militares, oficiaron de contrapeso al poder local.
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(1) Segarra , E. M. “Aparicio Saravia. Las últimas patriadas”. Ed. Banda Oriental, Montevideo, 1977.
Bibliografía consultada :
Segarra , E. M. “Aparicio Saravia. Las últimas patriadas”. Ed. Banda Oriental, Montevideo, 1977.
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