Cuando Nicolás Avellaneda tranquilizó a los tenedores de bonos argentinos diciendo que habría de ahorrar sobre el hambre y la sed de los argentinos para honrar sus deudas (1ero de mayo de 1876), lo hizo a sabiendas que no todos se habían beneficiado por igual con el endeudamiento público.
Una parte de esos fondos había sido utilizada para soportar el crecimiento del país, pero otra parte, no despreciable, había sido destinada a gastos de la Guerra del Paraguay y posteriormente para sofocar las guerras jordanistas y hasta la misma Revolución de 1874 que Mitre había organizado para impedir el acceso de Avellaneda a la presidencia.
Al menos de este dinero se conocía el destino, pero el mismo Sarmiento reconoció que durante su presidencia, en 1872, se había contraído un empréstito que “no sabía cómo emplearlo”.
También al renegociarse viejas deudas se pactaban nuevas comisiones, con colocaciones de valores bastante inferiores al 100 %. Como la tasa de interés compuesto es exponencial (CF = C1 (1 + R)n donde “n” es años) las cifras alcanzadas llegan a ser millonarias, a punto tal que para 1889 el 66 % de las divisas que entraban al país se remitían al exterior en concepto de intereses de la deuda. Ya en 1826 con motivo del Empréstito Baring, varios miembros de oposición habían pronosticado que en poco tiempo sería imposible pagar la deuda y fue así en menos de tres años.
Acordar que las deudas se pagarían en Londres acarreaban solo más gastos y comisiones. Ya en 1863, Valentín Alsina y José Mármol habían denunciado esta condición, aunque otros diputados accedieron a la exigencia, pues temían que Inglaterra (al igual que Francia había hecho con México), reclamase por la fuerza el cumplimiento de los compromisos. Así las cosas, no resulta extraño que fuese un argentino, Luis María Drago, quien propusiese la abolición del cobro de deudas soberanas por la fuerza.
El proyecto de ley que promovía la creación de bancos privados y los mecanismos para operar con los títulos de deuda nacional, fue redactado por el Barón de Mauá en 1863. Este poderoso brasileño ya le había prestado a Urquiza el dinero para la Campaña de Caseros. Durante la discusión en el Congreso de este proyecto, llamó la atención de los diputados que el Barón manejase información que el propio gobierno no disponía. El senador Gorostiaga (uno de los juristas más lúcidos y autor de varios artículos de la Constitución) rechazó la condición de intermediario de Mauá. Sin embargo, el proyecto prosperó y el encarecimiento de esta intermediación fue en parte responsable de la crisis económica que Avellaneda debió soportar durante su gobierno.
Mauá pretendió imponer este mecanismo también en Uruguay, donde era dueño de grandes extensiones, pero las autoridades del vecino país no le concedieron tal licencia.
Los títulos, como ya dijimos, eran substituidos y canjeados. A veces se mejoraba su perfil, volviendo a su valor nominal como aconteció con los llamados Hard dollars emitidos en 1863 y canjeados con la anuencia de Avellaneda en 1880. Más tarde éstos se incorporaron a la deuda externa defaulteada en 1890.
Otros títulos emitidos en 1869 fueron sucesivamente avalados por fondos públicos, canjeados un año más tarde por papeles valuados en oro (mejorando su cotización) y 15 años más tarde fueron convertidos en deuda pública sin respaldo… Como vemos, el festival de Lebac, Letes y demás papeles reconoce un claro ancestro.
En 1904, cuando se recopilaron estas leyes y decretos al revisar si todos estos contratos de marchas y contramarchas, la comisión del Congreso llegó a la suspicaz conclusión que no tuvieron más “móvil, que sus intereses individuales y sus ilegítimas aspiraciones”.
Era obvio que tantas normativas y cambios generase confusiones, desinformación y ofreciese la oportunidad a algún pícaro (que nunca falta), a falsificar los títulos de la deuda.
A fines del siglo XIX se creó un Ministerio de Crédito Público, que tenía la difícil misión de saber a cuánto ascendía nuestra deuda. La complejidad del tema le impidió ofrecer una cifra consensuada. Ya en 1894, Guillermo Udaondo informaba que era imposible conocer el monto y el origen de la deuda, a la vez que desconocía la extensión de las tierras públicas ni las hipotecas que pesaban sobre ellas.
A una conclusión semejante llegó una comisión de expertos contables que viajaron a Londres para constatar la legitimidad del documento de la deuda de la Baring Brothers. Nadie pudo asegurar la legitimidad de dichos bonos y cupones que hacía casi 100 años venían siendo tema de discusión. La discrepancia se zanjó asentando dichas diferencias como errores contables.
Ante tamaños desordenes Carlos Alfredo D’Amicco (1839/1917) gobernador de la Provincia de Buenos Aires entre 1884/87, publicó bajo el pseudónimo de Carlos Martínez un libro muy comentado en su momento, cuando aún la sociedad argentina estaba muy convulsionada por la Revolución de 1890. Este libro se llamaba “Buenos Aires, sus hombres y su política”, donde denunciaba estas oscuras negociaciones y el manejo espurio de la economía por un gobierno cerrado a amigos y parientes que se beneficiaban por la compra de propiedades y especulaciones, gracias a la concesión de créditos con los que se pagaban favores políticos y el silencio de la oposición. En este texto, D’Amico llegaba a un sombrío pronóstico: “Cada cinco años se tendrá una crisis, cuyos peligros irán creciendo en proporción geométrica”. Estas palabras dichas en 1890 pueden aplicarse rigurosamente a los últimos 80 años de historia argentina.
