Los primeros decenios del siglo XX vieron cómo la eugenesia, aquella seudociencia que Francis Galton definió como el único medio para mejorar la calidad genética de la especie humana, se expandía entre las naciones más civilizadas al amparo de un latente darwinismo social heredado del siglo anterior.
No solo se crearían instituciones para su desarrollo, como la Sociedad alemana para la Higiene Racial (1904), sino que países tan democráticos como Estados Unidos, Dinamarca o Suecia aprobaron leyes restrictivas para los portadores de enfermedades hereditarias que llegarían hasta la esterilización forzosa.
Estas ideas calaron en algunos dirigentes nacionalsocialistas, Adolf Hitler incluido, deseosos de afirmar la supremacía de la “raza aria” librándola de cualquier posible mácula. Más allá de las teorías y los objetivos plasmados en innumerables libros, la primera medida oficial tuvo lugar el 14 de julio de 1933, apenas transcurrido medio año desde su llegada al poder en Alemania, con la promulgación de la ley para la Protección de la Salud Hereditaria. Establecía que quienes sufrieran de “imbecilidad congénita, esquizofrenia, demencia maniacodepresiva, epilepsia hereditaria, enfermedad de Huntington […] y alcoholismo agudo” debían ser esterilizados, y se crearon tribunales especiales para velar por su cumplimiento.
A pesar de las quejas de la Iglesia católica y de algunas personalidades, se supone que entre 1933 y 1945 unos 400.000 alemanes fueron sometidos a esterilización forzosa. Se incluyeron otros casos no previstos en la ley, como los niños de madres alemanas y soldados coloniales franceses nacidos en el Ruhr durante la ocupación gala (1923-25).
Pero, como el propio Hitler confesó en 1935 al doctor Gerhard Wagner, líder de la Sociedad Nacionalsocialista de Médicos alemanes, le parecía necesario ir más allá, aunque la situación no lo permitiera todavía. Había que seguir dando pasos hasta la llegada del momento oportuno, y este arribaría al son de los tambores de guerra.
El caso Kretchmar
El 20 de febrero de 1939 nacía en la pequeña localidad sajona de Pomssen el niño Gerhard Kretchmar. Lo que debía comportar una alegría para sus padres, Richard y Lina, se convirtió en desesperación, pues, además de faltarle un brazo y una pierna, era ciego y sufría otras patologías. Al consultar a su médico de cabecera, este manifestó que lo mejor que pudiera pasar es que se muriera.
Nacionalsocialistas convencidos, los padres elevaron una petición a Hitler en tal sentido, dado que la eutanasia era ilegal. El canciller accedió a la petición, enviando a su médico personal, Karl Brandt, a Leipzig para recabar toda la información y actuar si lo consideraba oportuno. El 25 de julio de 1939, con la aquiescencia de todos, el niño fallecía tras serle suministrada una inyección de Luminal.
Posiblemente, el convencimiento de que una amplia parte de la sociedad alemana entendería la ampliación de las medidas eugenésicas movió al régimen a dar un paso más. Días antes, a cuenta del caso, había tenido lugar una reunión secreta en una villa en la berlinesa Tiergartenstrasse 4. En el encuentro, presidido por el propio Brandt y Philipp Bouhler, jefe de la Cancillería del Führer en el NSDAP, participaron distintos miembros del Ministerio del Interior, así como prestigiosos médicos y psiquiatras.
Allí se marcó como objetivo establecer un programa de eutanasia a gran escala que afectara a enfermos incurables, en el argot nazi, “vidas indignas de ser vividas”, y así poder darles una “muerte misericordiosa”.
En la discusión se barajó la posibilidad de elaborar una ley de eutanasia, pero se concluyó que una gran parte de la población, en especial las Iglesias, no la entendería. Se optó entonces por tomar esas medidas de una forma discreta y a escondidas, para que no se pudiera hablar de asesinato. Una de las primeras fue la creación del Comité del Reich para el Registro científico de enfermedades hereditarias y congénitas, que elaboraría un censo de los recién nacidos con deficiencias.
La reunión final tuvo lugar el 5 de septiembre. En ella se exhibió un documento firmado el día 1 (fecha de la invasión de Polonia) por Hitler que señalaba: “El Reichsleiter y el doctor en medicina Brandt están encargados, bajo su responsabilidad, de extender las atribuciones de ciertos médicos que serán designados nominalmente. Estos podrán conceder una muerte misericordiosa a los enfermos a los que hayan considerado incurables de acuerdo con la apreciación más rigurosa posible”. Todos pensaron que la ciudadanía alemana, ocupada con la guerra, le prestaría poca atención.
En paralelo, se orquestó una campaña para concienciar a la sociedad germana del desgaste económico y social que suponía mantener con vida a estas personas. De los libros y folletos se pasaría a cortometrajes como Das Erbe (“La herencia”, Carl Hartmann, 1935), y a exitosos largometrajes como Ich klage an (“Yo acuso”, Wolfgang Liebeneiner, 1941).
Mientras tanto, en las escuelas, a los niños se les planteaban problemas como este: “Si mantener un manicomio para enfermos mentales incurables cuesta 500.000 marcos al año y construir una vivienda para una familia trabajadora vale 10.000, ¿cuántas casas familiares se podrían construir al año en lo que se dilapida en el manicomio?”.
Arranca la Aktion T-4
La operación se puso en marcha con el nombre de Aktion T-4, por la mansión de Tiergartenstrasse en que tuvo su sede. Hospitales y sanatorios mentales de todo el Reich fueron impelidos a informar de aquellos enfermos considerados incurables. Debían hacerlo a través de un formulario establecido por el Ministerio del Interior que incluía tres grupos: 1) esquizofrénicos, epilépticos, sifilíticos, seniles, parálisis irreversibles, etc.; 2) enfermos con al menos cinco años de hospitalización; 3) criminales alienados y extranjeros.
Una vez llegaban los expedientes, tres médicos los revisaban y marcaban un recuadro que decidía el futuro del afectado. Una cruz roja significaba la muerte; la azul, la vida; y un interrogante, la duda con futura revisión. A los primeros los recogían unos grandes autobuses grises, utilizados por Deutsche Post, el servicio de correos, que tenían la particularidad de llevar los cristales de las ventanillas tintados en negro.
El destino era uno de los seis centros habilitados para su gaseamiento: Grafeneck, Hartheim, Sonnenstein, Brandenburg, Bernburg y Hadamar. En ellos se realizaba un somero examen visual que libró a pocos de la inmediata muerte. A los niños de muy corta edad se les eliminaba con inyecciones de morfina o escopolamina.
Aunque se notificaba a la familia el traslado, no se añadían demasiados detalles. Al cabo de poco, recibía una nueva carta informando de la defunción y su supuesta causa, y anunciando que el cadáver había sido incinerado por motivos de salud pública. En algunos casos se añadían las cenizas, y en otros se daba un corto plazo para que pudieran ser recogidas por los familiares.
El número de colectivos afectados fue aumentando progresivamente. Una directiva obligaba a médicos y parteras a informar de los niños que nacían con malformaciones, y poco después se informaba a los padres de la existencia de unos sanatorios especiales para su cuidado y rehabilitación, solicitando su autorización para trasladarlos a unos centros de los que casi nadie volvió.
La oposición al programa
Las cartas de condolencia, por otra parte, no siempre resultaban convincentes. Algunas contenían errores de sexo o edad, y las patologías del difunto no siempre casaban con la causa de la muerte. A veces la urna estaba vacía, o había dos urnas para una misma persona. La presión sobre el personal de los centros comenzó a ser excesiva, y en las poblaciones adyacentes a los sanatorios comenzaron los rumores.
En una fecha tan temprana como el 19 de marzo de 1940, Theophil Wurm, obispo protestante de Wurtemberg, envió una carta al ministro del Interior pidiendo explicaciones. Seguirían otros, mientras las familias se mostraban cada vez más reacias a los traslados. Sin embargo, el aldabonazo a la Aktion T-4 lo puso el obispo de Münster, Clemens August von Galen, en su homilía del 3 de agosto de 1941.
En el sermón, que fue reproducido en algunas parroquias de la diócesis, decía Von Galen: “Se ha extendido la sospecha, que raya en la certeza, de que tantas muertes inesperadas entre los pacientes mentales no se deben a causas naturales, sino que han estado deliberadamente programadas, y que los oficiales, siguiendo el precepto según el cual está permitido destruir ‘vidas que no merecen ser vividas’, matan a personas inocentes, si se decide que estas vidas no tienen valor para el Pueblo y para el Estado. Es una doctrina terrible que justifica el asesinato de gente inocente, que da carta blanca para matar a inválidos, deformes, enfermos crónicos, ancianos que no pueden ejercer un trabajo y los enfermos que sufren una enfermedad incurable”.
La denuncia no podía ser más alta y clara, e hizo mella. La oposición a las medidas eutanásicas arreció, al tiempo que el nerviosismo de los ejecutivos de la Aktion T-4 aumentaba. Inmerso en la campaña contra la URSS, Hitler no quería ningún malestar social en la retaguardia, por lo que no le quedó más remedio que suspender “oficialmente” la operación el 24 de agosto de 1941.
Se llevaban para entonces registradas 70.273 víctimas. Sin embargo, recientes estudios sugieren que la operación continuó de forma encubierta y con otros métodos. Aunque los traslados cesaron, una inyección mortal, la intoxicación con medicamentos o la inanición sustituyeron al gas. El número de víctimas probablemente nunca se sabrá, aunque muy bien podrían rondar las 200.000.
