El golpe militar se produjo pocos días después de que se confirmara que la coalición centroizquierdista Unión Democrática y Popular había ganado las elecciones generales y que su líder, Hernán Siles Zuazo, sería nuevamente presidente de Bolivia.
El general Luis García Meza, comandante del ejército y a la cabeza del golpe, impidió la llegada al poder de Hernán Siles Zuazo, un izquierdista moderado que había sido presidente de Bolivia entre 1956 y 1960. Sin embargo, los golpistas no estaban tan preocupados por asuntos políticos o ideológicos; estaban más preocupados por los planes de Siles Zuazo de investigar profundamente la participación del ejército en el tráfico de cocaína, planes que el presidente electo había hecho públicos en su campaña.
Los golpistas contaban con el apoyo de los reyes del narcotráfico de Bolivia. Es más: eso era un secreto a voces, a punto tal que los ciudadanos bolivianos se referían al golpe llamándolo con total naturalidad “el golpe de la cocaína”. En ese aspecto, la participación de Roberto Suárez Gómez, conocido como “el rey de la cocaína”, fue fundamental. Suárez Gómez era “el señor de la droga”, un traficante que jugó un papel importante en el golpe de García Meza respaldando con su enorme poder económico las operaciones. Suárez Gómez llegó a ganar 400 millones de dólares anuales en las décadas del ’70 y ’80, fue uno de los principales proveedores del Cartel de Medellín y era considerado por entonces el mayor productor de cocaína del mundo.
Además de García Meza, el general Hugo Echeverría, el coronel Luis Arce Gómez y José Abraham Baptista, ex agente de espionaje y encargado de las fuerzas paramilitares involucradas en el golpe, fueron los organizadores del golpe contra la presidenta interina. José Abraham Baptista fue el encargado de recoger el dinero de los traficantes para pagar a los comandantes de tropas militares, a agentes paramilitares y a otros posibles participantes del golpe.
El mes anterior al golpe, los comandantes de las divisiones de Cochabamba y Oruro y del regimiento Tarapacá, de La Paz, fueron convocados por el general Echeverría en Santa Cruz. Cada uno de ellos recibió 50.000 dólares, recolectados entre los traficantes de drogas, para ganar su apoyo. El comandante del Tarapacá, coronel Arturo Doria Medina, conocido como el Mariscal de la Muerte (por su responsabilidad en la muerte de varias decenas de manifestantes durante el golpe de Natush Bush en noviembre de 1979), fue otro activo participante en la represión posterior al golpe.
Unos cuantos días antes del golpe de Estado, prominentes figuras de la mafia y grandes comercializadores de cocaína en Bolivia, con Roberto Suárez Gómez a la cabeza, entregaron al general Hugo Echeverría la suma de 800.000 dólares como contribución para la sublevación militar del 17 de julio. Hubo además otra importante reunión con García Meza a la que asistieron empresarios e industriales, que también entregaron una suma considerable destinada a financiar el golpe y a convencer a los oficiales militares aún indecisos.
Luis Arce Gómez, sindicado como el cerebro real del golpe, estuvo a cargo del reclutamiento de agentes paramilitares con la ayuda de dos antiguos comandantes nazis: Klaus Barbie y Hans J. Stellfeld. Se instalaron campos de entrenamiento en varios lugares estratégicos del país, donde fueron entrenados ex convictos de delitos comunes, soldados retirados y asesinos a sueldo. Lo mejor de cada casa, digamos.
Después del sangriento golpe el campo quedaba libre. José Abraham Baptista confiscó seis millones de dólares en efectivo de un avión colombiano que aterrizó en uno de los muchos aeródromos privados de Santa Cruz. El reparto de ese dinero, en el que intervinieron García Meza y Arce Gómez, generó en Baptista la sensación de que “lo dejaban afuera”, lo que produjo un áspero distanciamiento entre Arce Gómez (ya nombrado ministro del interior) y Baptista, disgustado por la orden de García Meza de que le transfiriera 4 de los 6 millones a una cuenta en el exterior a nombre de su esposa.
La tensión aumentó cuando Arce Gómez se enteró de que Baptista estaba organizando una red propia de contrabando. Arce Gómez (“el ministro de la cocaína”) hizo saber a Baptista que debía abandonar La Paz y Baptista respondió amenazando con hacer públicas las implicaciones del coronel Arce en el tráfico de drogas. Mala idea la de Baptista, ya que esa amenaza tuvo sus consecuencias: un mes después Baptista era asesinado a balazos por dos hombres cuando salía de una pizzería en la ciudad de Santa Cruz. Las balas, según se probó, procedían de pistolas automáticas como las utilizadas por el ejército. Los asesinos usaron un vehículo proporcionado por el narco Roberto Suárez Gómez, y el dinero con el que se pagó la operación fue proporcionado por el general Hugo Echeverría, quien habría recibido órdenes personales de Arce Gómez para eliminar a Baptista. Así que los trapos sucios los lavaron en casa.
Tras clausurar el Congreso y encarcelar y matar a oponentes considerados indeseables, la junta militar en el poder inició algo que un posterior informe militar denominó “concentración de la producción”: los pequeños y medianos traficantes de droga fueron suprimidos para garantizar así el beneficio de los grandes productores, con Suárez Gómez, por supuesto, como principal beneficiario.
La administración Carter (por entonces presidente de los EEUU) suspendió inmediatamente los doscientos millones de dólares de ayuda que había destinado a Bolivia; Ronald Reagan, su sucesor en el cargo, confirmó y mantuvo esa decisión. La represión violenta a la oposición boliviana provocó además la condena de la Iglesia y de las demás democracias sudamericanas.
Un informe de la embajada norteamericana en Bolivia expresó: “desde el golpe del 17 de julio, gente arrestada ha sido golpeada repetida y sistemáticamente por verdugos enmascarados en el Ministerio del Interior y en las oficinas del Servicio de Inteligencia del Ejército en La Paz. Hombres y mujeres son metódicamente intimidados y torturados física y mentalmente y obligados a denunciar a potenciales sospechosos de oponerse al régimen.”
Uno de los más sangrientos incidentes posteriores al golpe tuvo lugar en enero de 1981, cuando ocho dirigentes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), uno de los partidos integrados en la coalición Unión Democrática y Popular (UDP) fueron asesinados. Grupos paramilitares con órdenes del todavía ministro del Interior Luis Arce Gómez intervinieron en la operación. Cuatro de los reunidos, todos ellos dirigentes sindicales y profesionales, fueron ametrallados allí mismo, y otros cuatro fueron trasladados a las oficinas del Servicio Especial de Seguridad (SES) para ser torturados y luego eliminados.
Los cadáveres fueron entregados a las familias por presiones de la Iglesia católica. Durante el entierro, agentes del Ministerio del Interior tomaron fotografías de los asistentes y confiscaron las tarjetas de condolencia enviadas a los familiares. Estos fueron obligados, para recibir los cuerpos de las víctimas, a firmar una declaración en la que se agradecía al Gobierno de García Meza “haber librado a Bolivia de elementos terroristas”.
A mediados de 1981 Bolivia se hallaba diplomáticamente aislada y al borde de la bancarrota; apenas había podido cumplir con el pago de los salarios a los empleados públicos, recurriendo al dinero proveniente de la droga. Al mismo tiempo, el Gobierno boliviano lanzaba clandestinamente al mercado grandes cantidades de dólares norteamericanos, incluyendo billetes falsificados de cien dólares hechos en Colombia, que hicieron bajar en un momento dado el valor del dólar cuando el peso boliviano estaba notoriamente débil.
Los desastres políticos y económicos continuaron. Las luchas internas entre diferentes facciones militares, sumadas a la presión constante de la embajada y el gobierno de EEUU y también de la izquierda, que era numerosa en cantidad de gente, llevaron a que en agosto de 1981 García Meza renunciara. Intentó volver y hubo otro golpe de Estado fallido; otro gobierno militar tomó el poder hasta que en septiembre de 1982 una huelga general convocada por la Central Obrera Boliviana puso al país al borde de la guerra civil. La dictadura militar que había sucedido a García Meza colapsó y el poder le fue entregado a un Congreso Nacional conformado según las elecciones de 1980. El Congreso decidió considerar válidas las elecciones de 1980 y designar en consecuencia a Hernán Siles Zuazo como presidente. Para entonces, Bolivia estaba atrapada en una espiral descendente que Siles no pudo detener.
García Meza y Arce Gómez fueron enjuiciados en 1986 y sentenciados a 30 años de prisión que empezaron a cumplirse años después. García Meza se fugó en 1994 y escapó a Brasil, pero fue atrapado y extraditado. Falleció en 2018, bajo régimen de prisión pero en un hospital militar. Arce Gómez murió en la cárcel en 2020.
Suárez Gómez fue arrestado en 1988 y sentenciado a 15 años de prisión, pero fue puesto en libertad después de cumplir la mitad de su condena. Murió en el año 2000.
